La seguridad privada cuesta el doble que la pública

Según un informe de la UFP presentado en la mañana de este viernes

La seguridad privada cuesta el doble que la pública

• “¿Será la nueva ley de seguridad privada un regalo de reyes del gobierno a las empresas de seguridad?”, se pregunta el secretario general de la UFP, Javier Arrillaga
• La nueva ley arroja dudas jurídicas en cuanto a la cesión de datos y la capacidad de los agentes privados de patrullar, detener y sancionar

Unión Federal de Policia (UFP). Viernes, 13 de diciembre de 2013. La seguridad privada no supone ahorros para el contribuyente. Al contrario, cuesta el doble que la seguridad pública. Es la principal conclusión del informe presentado en la mañana de este viernes por la UFP. “Si nos fijamos en el proyecto piloto de la contratación de la seguridad perimetral de 21 centros penitenciarios, vemos como el coste de cada trabajador se eleva a 3.233 euros/mes frente a los 1.600 de un policía nacional”, denuncia el secretario general de la UFP, Javier Arrillaga.

El proyecto piloto de la seguridad en los perímetros de los centros penitenciarios durante nueve meses se licitó por 7.391.547 euros, es decir, 821.283 euros mensuales. El proyecto incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12. Es decir, 254 trabajadores si se respetan las 40 horas de trabajo semanales. Aún así, el coste duplica el de la seguridad pública. Como obviamente esos sueldos no los recibirán los trabajadores, hablamos de un margen para el empresario de más de 2.000 euros por trabajador y mes, el doble del sueldo del guardia jurado. “Da la sensación de que la nueva Ley de Seguridad Privada es un regalo de Reyes del gobierno a las empresas de seguridad privada”, sentencia Arrillaga, quien también apunta a la posibilidad de que “el gobierno esté buscando una salida para los escoltas”.

Los beneficiarios del proyecto piloto de la seguridad perimetral de las cárceles son Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabeco, Vinsa y Alentis. “Si la Ley de seguridad privada ve la luz como ha salido del Congreso, estaremos ante un cambio encubierto del modelo policial en el que los perjudicados serían los ciudadanos y los beneficiados los intereses empresariales de las compañías de seguridad”, denuncia Arrillaga. “Se trata de una privatización de la seguridad pública mientras nuestras plantillas siguen congeladas y nuestras condiciones de trabajo empobrecidas”, apunta el secretario general de la UFP, quien añade su reivindicación de un estatuto propio que reconozca la singularidad del trabajo policial. “Igual que el que han conseguido los inspectores de Hacienda”.

Por lo demás, el portavoz de la UFP, Serafín Giraldo, advierte de las lagunas jurídicas que plantea el texto.:

Afortunadamente el proyecto de ley definitivo elimina del primer texto el carácter de agentes de autoridad, que se establecía para los vigilantes en un primer momento, lo cual hubiese sido una aberración jurídica; dado que les confería atribuciones exclusivas de las FFCCSSEE.

Sin embargo, este nuevo proyecto no arroja demasiada claridad en relación a dos puntos:

.- El art 15 del texto legal determina la autorización de “cesiones de datos que se consideren necesarias”, entendemos que debe interpretarse el precepto de forma restrictiva y siempre en una dirección, esto es; la cesión de datos de las empresas de seguridad al CNP, dado que las bases de datos policiales contienen información demasiado “sensible” para ponerla en manos o a disposición de una empresa.

.- Del mismo  no estaría de más clarificar aún más el art 32 en relación a las funciones de los vigilantes; entendemos que su labor en zonas públicas debe centrarse en meras labores de vigilancia y control de accesos y que para la “denuncia a infractores en materia administrativa” no están habilitados a solicitar documentación alguna.

Esperemos un correcto desarrollo reglamentario de estos puntos.