La Ley de Seguridad Ciudadana que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy es “desproporcionada” y va en contra del derecho de reunión y manifestación. El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa -la organización que agrupa a España y a otros 46 países europeos-, Nils Muiznieks, ha manifestado su “seria preocupación” por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles.
“Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada”, ha declarado Muiznieks, que asegura no entender cuál es el propósito del Gobierno español al elevar el importe de las sanciones. El comisario está al corriente de las quejas de abogados y jueces sobre la medida y se suma a las críticas que ya hicieron la oposición y diversos actores sociales. Estas réplicas consiguieron la semana pasada que la sanción por manifestarse sin autorización ante los edificios institucionales pasara de “muy grave” a “grave”, lo que se traduce en una bajada del importe de la multa de 600.000 a 30.000 euros.
El comisario espera que Interior “no vaya más allá” en la limitación del derecho de manifestación y “deje de culpar” a la población de los problemas sociales que se derivan de la crisis económica. Muiznieks ha avisado de que seguirá “muy de cerca” la evolución de la ley en el Parlamento español, porque la libertad de expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” debe ser respetada y protegida por la justicia.
No es la primera vez que el Consejo de Europa censura las prácticas del Gobierno en cuanto a la represión de las manifestaciones. El pasado octubre, la organización publicaba un informe sobre el estado de los derechos humanos en España, en el que alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de controlar las manifestaciones contra la austeridad. En la publicación, Muiznieks llamaba la atención sobre la impunidad con la que la policía cometía “malos tratos” sobre los detenidos y pedía el fin de esta “larga práctica”.
LOS EXPERTOS COINCIDEN EN QUE LA "LEY FERNÁNDEZ" RECORTA GARANTÍAS Y DERECHOS.
Innecesaria. Esa es la calificación unánime que merece la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Fernández, para algunas asociaciones de jueces, fiscales y policías. También para catedráticos de Constitucional, Penal y de Opinión Pública. Innecesaria para los ciudadanos pero, quizá, no tanto para el Gobierno que teme y busca protegerse, según coinciden, de la protesta social en la calle, “con la que está cayendo”.
España es uno de los países con las tasas más bajas de delincuencia de toda Europa. De las más de 4.000 manifestaciones que el año pasado se celebraron en Madrid en apenas diez se registraron altercados, según fuentes policiales. La inseguridad ciudadana figura en el décimo tercer puesto entre los problemas destacados por los ciudadanos, muy alejado del paro, los políticos, los recortes o la corrupción, según el sondeo del CIS del mes de octubre. La nueva ley sanciona, administrativamente, conductas que el Código Penal recogía como faltas pero dándoles ahora un castigo económico mucho mayor y sin las garantías que para un ciudadano otorga un juicio. Con su puesta en vigor, la acción se sancionará, con hasta 600.000 euros, y se ejecutará, posibilitando, incluso, el embargo. Al sancionado le quedará la vía de lo contencioso para recurrir, con el hándicap de las tasas que habrá de pagar después de haber cumplido con la multa. Hasta ahora, las sanciones se disponían dependiendo de la capacidad económica del infractor, siempre con garantía judicial y sin la obligación de pagar hasta que el proceso se considerara probado.
“No hacía falta”, subraya el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch. “Parece que el Gobierno desconfía de los jueces y pretender arrogarse la capacidad de sancionar conductas con discrecionalidad extrema y conceptos jurídicos indeterminados, que pueden llevar a actuar de manera muy autoritaria”, considera este representante de jueces en una crítica en la que han coincidido otras dos asociaciones, Francisco de Vitoria y Foro Judicial. “Somos una sociedad pacífica, no hay revueltas sociales y, sin embargo, el Gobierno la cree necesaria con un miedo inexplicable”, manifiesta el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García. “Es más peligrosa de lo que la gente pueda creer y un arma brutal de acción inmediata”, añade. “Se vendió como una norma para proteger a la policía pero con las modificaciones, estamos más protegidos por los jueces porque la mayor parte de los cambios han reducido esa protección”, apunta el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito. “Va a provocar más crispación porque va a suponer recorte de derechos y me merece más garantías la tutela judicial que la administrativa”, concluye.
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, José Luis Díez Ripollés, no es cierto que la despenalización de faltas (retiradas en la reforma del Código Penal) exija infracciones administrativas, sino que la ley “amplia el conjunto del derecho sancionador hasta niveles desconocidos”. Ripollés pone además el acento en el registro de sancionados “con nombre, apellidos, y domicilio, lo que constituye un salto significativo, negativo, desde la perspectiva de la reinserción social de los infractores”.
“Es un puro disparate reaccionario y conservador para criminalizar la protesta y la crítica en la calle”, afirma tajante el catedrático de Derecho Penal de Barcelona Joan Queralt, mientras que el catedrático del mismo departamento en la Universidad de Santiago de Compostela, Roberto Blanco Valdés, incide en la falta de garantías y en considerar “poco serio” que el Gobierno presente un anteproyecto de ley y rebaje, posteriormente, algunas sanciones hasta 20 veces.
Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, enmarca la ley en la intención de “contener la voz de la calle” en la segunda mitad de la legislatura en la que se van a producir tres elecciones muy seguidas y en la que el PP quiere “vender la victoria de la salida de la crisis y las falsas medidas de regeneración democrática”. Este blindaje y esta opacidad solo pueden lograrse, según Sampedro con una “represión que va más allá de los márgenes del Estado de derecho, y que solo va a tener el efecto contraproducente de encender la llama en la calle”.
Información extraida de ElPais.
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