Uno de los grandes objetivos que nos marcamos las organizaciones sindicales que conformamos la Unidad Policial, es la singularización de nuestra profesión. Creemos firme y honradamente que los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía se merecen un reconocimiento a las importantes y sacrificadas funciones que desarrollamos diariamente.
Estamos orgullosos del trabajo de los policías y defenderemos en todos y cada unos de los foros donde nos encontremos el trabajo policial. Hay compañeros que han perdido la vida intentando ayudar a los demás, otros que han quedado gravemente heridos en persecuciones, muchos que patrullan las calles y avenidas de nuestras ciudades, que atienden a víctimas, que investigan grandes tramas de corruptos, etc.
La profesionalidad está fuera de toda duda. Es por ello obligación de los sindicatos policiales que nos hemos agrupado en la Unidad Policial solicitar de manera clara y sin complejos una especifidad que nos diferencie del resto de funcionarios, ya que si tenemos horarios de trabajo desestructurados, en jornada partida, en fines de semana, horas nocturnas, prolongaciones de jornada sin ningún tipo de remuneración, desplazamientos fuera de nuestras ciudades y si nuestra responsabilidad es la defensa del libre ejercicio de las libertades y la seguridad ciudadana, exigimos corporativamente la singularización de nuestro trabajo.
Está claro que este reconocimiento tiene un marcado componente económico, pero es inadmisible que determinadas medidas que este gobierno ha aplicado a todos los funcionarios, sean también trasladadas a los policías. Medidas como la reducción de emolumentos en casos de inasistencia o incapacidad, eliminación de días por asuntos particulares, etc., que no tienen ningún coste económico para el erario público y que suponen, en algunos casos, un peligro para el propio policía (que acude enfermo al servicio) o para el ciudadano (que recibe asistencia).
Pero lo más indignante es que en los últimos días hemos tenido noticias como que en Correos o en el Congreso de los Diputados se va a poder seguir disfrutando de los seis días de asuntos particulares o que en el colectivo de funcionarios de justicia ha quedado en suspenso el recorte salarial en caso de baja médica.
Es por todo lo anterior, que el Director General de la Policía debe exigir al Ministro que defienda al Cuerpo Nacional de Policía y los policías que lo integran, que pida al Presidente del Gobierno que no se defiende al Estado de Derecho castigando a quien debe estar al 100% de sus facultades físicas y mentales para defender y proteger a los ciudadanos.
Madrid a 20 de febrero de 2.013
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