El Ministro del Interior conculca la Ley

LO 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

Artículo 11. 2. a. Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine.

Artículo 11. 2. b. La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial.

Artículo 11. 5. En caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo, se hará cargo del servicio el cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones, hasta que se resuelva lo procedente por el Gobernador Civil o las instancias superiores del Ministerio del Interior, sin perjuicio de lo dispuesto para la Policía Judicial.

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Pues no sabemos a qué espera, Señor Ministro.

Madrid, territorio competencial del CNP, capital de España, tres millones y medio de habitantes, con un área metropolitana que supera los siete millones, territorio competencial del CNP: 14.000 policías y 22.000 guardias civiles.

¿Nos lo puede explicar Señor Ministro?

Sevilla, territorio competencial del CNP, capital de la comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta con más de 700.000 habitantes, siendo la ciudad más poblada de Andalucía y la cuarta de España: una media de más de 30 dotaciones policiales del Cuerpo Nacional de Policía dan protección a la ciudad.

Área rural del Aljarafe, provincia de Sevilla, territorio competencial de la Guardia Civil (excepto su capital, San Juan de Aznalfarache, 22.000 habitantes, perfectamente atendidos por la Comisaría Local del CNP), limítrofe con el área metropolitana de la capital andaluza, más de 300.000 habitantes distribuidos en unos 29 municipios muy diseminados y deficientemente comunicados: no más de 6 dotaciones de GC patrullan todas las noches la comarca. La percepción de inseguridad de la población es real.

Mientras en el CNP las dependencias se mantienen abiertas las 24 horas, los 365 días del año, lo que lleva aparejada una difícil conciliación familiar y la realización de horarios de trabajo sumamente desestructurados, la Guardia Civil cierra sus cuarteles por la noche dejando el peso de la seguridad ciudadana en la Policía Local, en las poblaciones donde la hubiera y desviando la tramitación de denuncias a las dependencias más cercanas del Cuerpo Nacional de Policía.

Señor Ministro, debería dar algún tipo de explicación a estos “ciudadanos de segunda”

Una noche de éstas. La Guardia Civil corta una céntrica calle de la capital, territorio competencial del CNP, por supuesto sin previo aviso a los órganos de coordinación, al parecer en una “macrooperación” contra el tráfico de sustancias estupefacientes. El Cuerpo Nacional de Policía no puede entrar en la zona, recordemos, territorio competencial propio, porque la Guardia Civil está actuando. Resultado: unas pocas papelinas incautadas.

Un día cualquiera. Una dotación del CNP acude a la llamada de un Consulado cualquiera en Madrid donde al parecer se ha detectado un paquete sospechoso. Una vez en el lugar se activa el protocolo existente ante un aviso de bomba y se hacen cargo de la actuación los Técnicos en desactivación de explosivos (TEDAX). Una vez efectuadas la comprobaciones necesarias y cuando abandonan el lugar procediendo al traslado del paquete sospechoso, son interceptados por dotaciones de la Guardia Civil que se atribuyen las competencias en la actuación, poniendo en grave riesgo la seguridad y la integridad física de los allí presentes y de todos los ciudadanos que circulan por el lugar. Una vez más, unos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía defendiendo sus funciones y sus competencias contra funcionarios de la Guardia Civil a los que se les ordena sistemáticamente conculcar la Ley. Tras múltiples discusiones interviene el Secretario de Estado de Seguridad y la Guardia Civil se lleva el paquete sospechoso haciendo caso omiso a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una vez más el Sr. Ministro del Interior permite que se humille al Cuerpo Nacional de Policía en pro de la Guardia Civil. Y lo más triste es que nadie se preocupó de los miembros del CNP que tan dignamente estaban defendiendo las competencias del Cuerpo al que representan. Nos preguntamos ¿qué hubiese pasado si el paquete sospechoso hubiera explotado en medio de la discusión?

Son sólo algunos ejemplos de la realidad cotidiana a la que nos enfrentamos. Así podíamos continuar y seguir rellenando folios y más folios pero la conclusión siempre sería la misma: El encargado de poner coto a estos excesos, el Sr. Ministro del Interior, no lo hace y por lo tanto es el máximo responsable de esta situación.

En el último Pleno del Consejo de Policía celebrado el pasado mes de enero le recordamos al Secretario de Estado de Seguridad entrante (una vez más, el Sr. Ministro, presidente del mismo, no asistió) los graves problemas de coordinación que apreciábamos en la relaciones entre los dos Cuerpos derivados fundamentalmente de dos hechos:

1. La intención del Cuerpo de la Guardia Civil de asumir competencias que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atribuye en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía.

2. Que el Gabinete de Coordinación y Estudios está dirigido por un Teniente Coronel de la Guardia Civil (nombrado por Rubalcaba cuando era Ministro del Interior), cuyo ascenso y expectativas laborales depende de sus superiores jerárquicos, lo que condiciona, indefectiblemente, su trabajo.

Señor Ministro, mientras se sigue otorgando a la Guardia Civil competencias que no le corresponden, en su Ministerio y en la sede del Partido que actualmente ostenta el Gobierno de España, se reciben quejas a diario de los alcaldes de las poblaciones rurales por los robos que en ellas se están produciendo y por la dejadez y abandono a los que la Guardia Civil tiene sometido a su territorio competencial.

Señor Ministro PEDIMOS SU DIMISIÓN. No queremos pensar que esta clara preferencia por la Guardia Civil pueda deberse al gusto por el “a sus órdenes” y “el taconazo” y porque no sean ellos los que están llevando a cabo las últimas investigaciones de corrupción del estamento político.

Madrid, 13 de febrero de 2013