Tras contactar con nosotros los empresarios españoles para ponernos de manifiesto la difícil situación por la que atraviesan fruto de las actuaciones de las organizaciones criminales que realizan delitos contra el patrimonio en nuestro País y ver que existen una serie de puntos coincidentes, en cuanto que su problemática particular coincide con las dificultades legales y judiciales a las que nosotros nos enfrentamos en nuestro quehacer cotidiano, iniciamos una rueda de contactos el pasado día 10 de enero con el Ministro de Justicia que ha tenido continuación en la mañana de hoy con la reunión mantenida con el Fiscal General del Estado, Sr. Torres-Dulce.
Preocupados por tratar de dar solución a los problemas operativos que se nos presentan todos los días en nuestra actividad profesional y por conseguir garantizar la seguridad jurídica en nuestras actuaciones profesionales, le hemos hecho ver que existen determinadas deficiencias, a nivel judicial y legal, en el tratamiento que se da a los grupos criminales, especialmente los que cometen delitos contra el patrimonio y le hemos aportado una serie de sugerencias para su erradicación. Dichos problemas los resumimos en:
1º. La falta de adaptación legal a la realidad delincuencial consistente en la existencia de grupos organizados que cometen gran cantidad de delitos contra el patrimonio que no son considerados como tal.
2º. La falta de apreciación de la conexidad penal que origina la dispersión de las imputaciones y facilita la impunidad de los criminales.
3º. La falta de medidas adecuadas en relación a medidas provisionales y al cumplimiento de la pena que disuadan a los miembros de estas organizaciones criminales para actuar en España.
4º. La falta de puesta en funcionamiento del sistema electrónico de Registro de Faltas para poder apreciar la reincidencia penal adecuadamente.
Expuestos los problemas, planteamos también posibles soluciones a los mismos, a corto y largo plazo:
Punto 1º y 2º.
A largo plazo la creación de Unidades Especiales de Investigación de Crimen Organizado (Fiscalías o Juzgados de Crimen Organizado) que instruyan la totalidad de los delitos conexos imputados a la organización criminal.
A corto plazo la creación de Juzgados de Apoyo y Servicios Auxiliares Comunes en los Tribunales Superiores de Justicia que asistan a los Juzgados de Instrucción que estén instruyendo investigaciones contra Grupos Organizados.
Punto 3º.
Tratar de que, merced a Convenios vigentes o a Acuerdos bilaterales, los miembros de estas Organizaciones Criminales cumplan en su país la pena por el delito cometido en España.
Modificar la regulación de la prisión provisional con el fin de que se trate adecuadamente la reincidencia.
Punto 4º.
Puesta en marcha de los Sistemas electrónicos de Registro de faltas, ya acordados previamente.
Tras escuchar los problemas expuestos, mostró su agradecimiento por poner en su conocimiento las dificultades legales y judiciales a las que nosotros nos enfrentamos y manifestó que era el Gobierno de la Nación el encargado de cambiar la realidad normativa si así lo consideraba necesario, si bien nos invitó a dar traslado a esa Fiscalía de todas y cada una de las situaciones concretas que detectáramos y que de una forma u otra consideráramos mejorables. Tomamos el testigo y le dijimos que así lo haríamos.
Madrid, 01 de febrero de 2013
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