Un tribunal de Madrid sentencia que los policías de fronteras del aeropuerto violaron los derechos fundamentales de una niña hondureña de 5 años a la que intentaron devolver a su país al acusarla de entrar irregularmente a España
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 33 de Madrid asegura que la Policía Nacional violó los derechos fundamentales de una niña hondureña de 5 años a la que tuvo retenida en Barajas durante 29 horas al rechazar su entrada España y decretar su devolución. La sentencia recuerda a la policía su obligación tratar a los niños extranjeros como menores sin anteponer la legislación sobre extranjería a la de protección de la infancia. La expulsión, como les contó la SER en febrero, fue paralizada por un auto judicial que obligó a la policía a entregar a la niña a su madre, residente legal en España y que la esperaba en el aeropuerto.
La jueza del 33 de lo contencioso administrativo de Madrid señala que la policía tenía que haber puesto inmediatamente a la niña bajo la tutela de sus padres que la esperaron en Barajas las 29 horas que transcurrieron desde que aterrizó procedente de Tegucigalpa hasta que la dejaron salir del aeropuerto madrileño. La niña, de sólo 5 años viajaba a España para encontrarse con su madre por primera vez en 4 años. La progenitora residente legal en España había autorizado a una amiga a acompañar a la pequeña durante el vuelo pero la policía consideró que se trataba de una entrada fraudulenta, a pesar de que los hondureños no necesitan visado de entrada en España, y las retuvo con intención de devolverlas a Panamá a pesar de que procedían de Honduras. Un auto judicial paralizó la expulsión y ahora otra sentencia da la razón a la madre al considerar que la policía vulneró los derechos fundamentales de la niña.
"Lo que la sentencia nos dice es que esto que ha hecho la Policía Nacional no se puede hacer, cuando un niño llega a territorio nacional tiene que tener la representación de un adulto y el adulto tiene que ser o sus padres o a quien sus padres hayan apoderado o si no el ministerio fiscal. No puede ser que los agentes decidan quién es el representante legal de un niño, que una azafata de vuelo sea el representante legal de un niño, etc , es lo que viene a decir la sentencia, que la Policía Nacional tiene que modificar ese criterio de actuación", señala la abogada de la familia Patricia Fernandez, letrada de la ONG Coordinadora de Barrios y asesora legal de la Fundación La Merced Migraciones en el marco del Programa CLAIM: Child Legal: Action for an Innovative Methodoly.
"La policía actúa con estos niños como si fueran adultos, les notifica una resolución de rechazo en frontera, les designa un abogado de oficio y proceden al retorno al país de donde proceda el vuelo. Esto pone en grave riesgo a muchos niños que podrían ser víctimas de trata, que pudieran estar siendo explotados o víctimas de un procedimiento de inmigración irregular, y esta sentencia establece que se proteja no solo a esa niña sino a otros niños que se puedan encontrar en esas circunstancias. Lo que establece la sentencia es que la Policía no tiene que aplicar a estos niños sólo criterios de extranjería sino sobre todo de protección a la infancia" denuncia Fernández que también la letrada que consiguió paralizar la devolución de la niña a principios de febrero de este año.
"La policía a pesar de que los ciudadanos hondureños no necesitan visado detuvo a la menor, rechazando su entrada en España y a pesar de conocer que sus padres vivían en España, le impidió el acceso a su representación legal", denuncia esta experta en legislación sobre extranjería que trabaja además para la Fundación La Merced Migraciones en el marco del Programa CLAIM: Child Legal: Action for an Innovative Methodoly. "Tras adoptar las medidas cautelares que evitaran la devolución de la menor a Panamá (siendo una menor hondureña), el Juzgado reconoce ahora que la Policía vulnero su derecho fundamental a la intimidad familiar, al impedirle gozar de la protección jurídica básica que supone que un niño debe estar bajo el cuidado y la representación legal de sus padres" afirma la abogada.
El Programa Claim se desarrolla en Italia, España y Grecia bajo la coordinación de Save The Children Italia con la financiación del Programa de Ciudadanía y Derechos Fundamentales de la Unión Europea con la finalidad de garantizar el acceso de los niños y niñas a la justicia, así como implementar una metodología que asegure el pleno ejercicio de los derechos de la Convención. En el marco de dicho programa la Fundación la Merced Migraciones desarrolla una asesoría jurídica especializada y gratuita y una Clínica Legal en colaboración con la UPCO en su sede en Madrid.
publicado en cadenaser
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