La noticia de que un estudiante de Derecho de la Universidad de Texas había fabricado por primera vez una pistola con una impresora 3D dio la vuelta al planeta en apenas unas horas. Al poco tiempo empezaron a circular por Internet los diseños del artilugio, tal y como era el deseo de su creador, Cody Wilson, que aspiraba a que cada persona se construyese su propio arsenal en casa con fines de supuesta autodefensa.
La osadía del joven Wilson, que tiene 25 años y se presenta a sí mismo como criptoanarquista, suscitó un revuelo inmediato a nivel internacional. Pese a ello, tuvieron que pasar dos días para que el Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionase de manera oficial. En las 48 horas transcurridas hasta que se emitió la orden oficial para retirar los archivos de la web ya habían sido descargados unas 100.000 veces, un número más que suficiente para que borrar su rastro en Internet resultase una tarea imposible de materializar.
La red es así, está en su ADN. La multiplicación de la información a grandes velocidades dificulta enormemente cualquier intento de censura. A ello se suma una cultura de la libertad y de lo gratis imperante en la red que a menudo choca de lleno con los límites legales establecidos por los legisladores en áreas que van desde los derechos de propiedad intelectual hasta la propia seguridad del Estado.
La pistola 3D, bautizada por su inventor como Liberator, pone en evidencia cómo la tecnología avanza mucho más rápido que los legisladores y cuán difícil resulta en estos momentos para las Administraciones garantizar que se cumplen incluso las leyes que ya están en vigor. El caso llama especialmente la atención porque agrupa varias polémicas en una. Según Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas de España, la pistola 3D tiene implicaciones sobre los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial y, dado que se trata de un arma de fuego, obligará a los legisladores a repensar incluso el Código Penal.
Lo más alarmante en el caso de la Liberator es su implicación penal. “En España no se puede estar en posesión de un arma sin permiso, es ilegal, y con esta pistola basta con conseguir un enlace para poder fabricártela”, afirma Domingo. Aunque todavía no resulte algo tan fácil y asequible como imprimir un documento, lo será cada día más. Y ya hay gente que lo puede hacer “sin ningún tipo de control”, señala. Wilson lo hizo con una impresora que compró a través de la página de subastas eBay y que le costó 6.000 euros.
Según el presidente de la asociación de internautas, “lo que antes podíamos compartir, ahora también se puede tocar”. Por estos motivos, reconoce que asuntos como el de la pistola y, en general, la impresión en tres dimensiones, “van a poner a prueba la capacidad de los gobernantes”.
Xavier Ribas, abogado experto en derecho e Internet explica que, según la normativa actual vigente en España, estar en posesión de los planos de la Liberator no está castigado. Cualquiera puede alegar curiosidad o afán de coleccionismo para no ser sancionado por tener guardados en su ordenador los archivos de la pistola. “Una cosa es el potencial nocivo de un instrumento y otra el uso que le des”, explica. Sí estaría penado difundir los planos, estar en posesión del dispositivo y, obviamente, emplearlo contra alguien.
Del Código Penal, la impresión en tres dimensiones salta a los derechos de la propiedad intelectual en la medida en que los diseños tienen un creador. El copyright, sin embargo, salta por los aires en cuanto empiezan a circular los archivos por la red.
En cualquier caso, el desafío más novedoso está en cómo afecta la impresión en tres dimensiones y la generalización de estas máquinas a la ley de la propiedad industrial.
De momento, la tecnología está en un estadio muy básico y disponer de una de estas impresoras, así como de los materiales necesarios para fabricar objetos concretos, resulta caro. Además, aunque ya se han puesto en marcha proyectos para fabricar carne artificial o prótesis para el cuerpo humano, los objetos factibles de ser reproducidos con estas máquinas son aún limitados.
Sin embargo, llegará el día en que las máquinas de impresión 3D se extiendan, se abaraten y se perfeccionen hasta el punto de que una familia pueda fabricar en su propia casa productos que ahora compra en la tienda, en los grandes almacenes o a través de Internet.
“¿Qué pasará cuando la gente empiece a compartir los planos de una televisión o una lavadora?”, se pregunta Domingo. “Hasta Ikea puede ver sancionados sus derechos de propiedad industrial” si la gente empieza a copiar sus muebles y fabricárselos en casa, ironiza. La respuesta a estas cuestiones “sobrepasa” las leyes actuales, sostiene Domingo, que añade que solucionar el dilema está en manos de los legisladores, aunque pone en duda que estén a la altura de este reto: “Es un problema clásico de cómo avanza la Administración en relación con las nuevas tecnologías, que siempre nos pillan con el pie cambiado”, argumenta.
Según Domingo, “los legisladores deben estar muy atentos a este tipo de cosas y hacer un esfuerzo para conseguir una ley rápida y eficaz”. En su opinión, si se legisla con años de retraso, cuando el uso de la tecnología en debate se ha extendido y es algo común para buena parte de la ciudadanía, se corre el riesgo de acabar atropellando libertades individuales o teniendo que invadir el ámbito de lo privado para hacer cumplir la ley.
Ribas da algo más de margen a los legisladores. La experiencia le dice que lo normal es que cada cambio normativo tarde una media de dos o tres años en producirse, como ha sucedido con la ley Sinde-Wert. Y asegura que España es relativamente ágil a la hora de adaptar la ley, en comparación con otros países. El abogado lamenta que, a veces, los avances logrados no sirven para nada porque luego toca adaptar directivas comunitarias que llegan tarde. Esto, critica Ribas, obliga a volver a poner en marcha el proceso mientras Internet y la tecnología siguen su imparable avance.
Dentro de la clasificación de países donde la Liberator tuvo más éxito está España, que ocupa un lugar destacado en descargas junto al propio Estados Unidos, Brasil, Alemania y Reino Unido, según datos de Defense Distributed, la empresa propietaria de la pistola y que tiene licencia del Gobierno para fabricar armas.
Uno de los españoles que se hizo con los archivos, que se esconde bajo el apodo de Gone, confiesa que lo hizo por pura curiosidad. “Quería saber cómo era por dentro la pistola tras oír hablar tanto de ella”, comenta con relación al eco desmesurado que, en su opinión, tuvo el invento a nivel mediático. En cualquier caso, descarta que vaya a imprimirla mientras muestra los planos con las 16 piezas del dispositivo en su ordenador.
Pese a la alarma generada en la opinión pública, producir la pistola de plástico a partir de los planos de Wilson no es fácil. Primero, porque aunque los archivos son gratuitos, se necesita disponer del mismo tipo de impresora 3D que la utilizada por Cody Wilson, que es una versión personalizada de un dispositivo de la marca Stratasys y con un precio bastante elevado. Segundo, porque convertir los planos en una realidad, indican los que entienden de esto, es bastante complicado. El propio Wilson, que se declara admirador de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y Kim Dotcom, de Megaupload, aseguraba en unas recientes declaraciones al diario The Guardian que en estos momentos resulta más fácil fabricar un arma utilizando piezas compradas en una ferretería que recurriendo a una impresora en tres dimensiones.
Hay quienes han sabido anticiparse a los futuros riesgos y han actuado de antemano, como el colectivo que está detrás del Laboratorio de creación y fabricación digital Bilbao Makers. “Nuestros Estatutos recogen que aquí no se puede producir nada que sirva para atentar contra los derechos humanos”, afirma uno de sus cofundadores, Karim Asry, que admite que así lo decidieron porque se veían venir conflictos como el de la pistola. “Decidimos poner la venda antes que la herida”, añade, al tiempo que destaca que la capacidad que tiene la impresora 3D de permitir una descentralización total de la capacidad de producción obligará a modificar normas que, tal y como ocurre en el sector industrial, derivan de leyes heredadas del siglo XIX.
El siglo XXI ha agotado ya su primera década y está creando su propia tecnología. En este apartado, la impresión 3D reclama su propio espacio, ya que marcará un antes y un después en el sistema de producción, de la fábrica al salón. Parece razonable pensar que los nuevos tiempos necesitarán leyes diferentes a las que hicieron posible el éxito de la cadena de montaje de Henry Ford.
Publicado en ElPais el 09/06/2013 escrito por Alvaro Romero
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