Con motivo de la petición de opinión que algunos grupos políticos habían dirigido a la UFP sobre el nuevo Proyecto de Seguridad de Privada, ya dijimos (Circular de fecha 23/09/2013 que se adjunta), que el proyecto encubría un cierto cambio del modelo policial creado por la Ley Orgánica 2/86 de FFCCSE, virando hacia un sistema mixto de seguridad pública.
Ya advertíamos que la seguridad pública no era un asunto que debía ser tratado como parte de los objetivos de reducción de costes, y que, desde luego, cuestionábamos que el mantenimiento de la seguridad pública sería más barato para el Estado incluyendo en algunas funciones a los operadores privados de seguridad.
Recientemente hemos conocido un dato inquietante que queremos trasladar y que reafirma en nuestra postura. Y es el volumen global del contrato que el Ministerio de Interior ha suscrito con una Unión Temporal de Empresas formada por OMBUDS, COVIAR, SEGURIBER, PROSEGUR SEGUR IBÉRICA, PROSETECNISA, SECURITAS, SABICO y VINSA ALENTIS, por prestar servicios de seguridad en los diferentes centros penitenciarios.
Sabemos que es un proyecto piloto con voluntad política de continuación, que hasta el momento engloba a 21 Centros Penitenciarios (56 puestos de trabajo de 24 horas y 1 puesto de trabajo de 12 horas), por un período de 9 meses que asciende a 7.391.547,57 Euros.
Traduciéndolo, cada puesto de trabajo va a costar al Estado, anualmente, la cantidad de 174.000 Euros aproximadamente. Que reducido al coste por cada vigilante de seguridad/año, nos llevamos la sorpresa que asciende a 58.000 Euros aproximadamente si cada puesto de trabajo se cubre con 3 vigilantes (jornadas de 8 horas), y 87.000 Euros si cada puesto de trabajo se cubre por 2 vigilantes con jornadas de 12 horas, que por otra parte es lo habitual para desgracia de los trabajadores de la seguridad pública.
Estos son cifras brutas a las que habría que descontar salarios, seguridad social y demás, pero que dejan unos beneficios muy cuantiosos para las empresas de seguridad y que contrasta con el ajuste presupuestario que los funcionarios de las FFCCSE sufrimos desde hace años.
No es cierto que la Seguridad Privada sea más barata que la prestada por miembros de las FFCCSE, y lo que es peor, ese dinero se resta de los trabajadores de la seguridad pública no para ir a manos de los trabajadores de la seguridad privada (que sufren condiciones de trabajo lamentables en muchas ocasiones), sino a manos de empresas que obtienen cuantiosos beneficios.
Y esto es solo una idea del coste económico de este nuevo sistema mixto anunciado.
Carabanchel a 20 de noviembre de 2013.
UNIÓN FEDERAL DE POLICÍA
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