En respuesta a la incertidumbre que se ha suscitado en el colectivo del Cuerpo Nacional de Policía y en general en todos los funcionarios del Estado por las noticias de desaparición, de recortes presupuestarios, de recortes de prestaciones en MUFACE, de no prestación de los servicios de oncología y demás rumorología, la UFP acompañada por el representante de FSP-UGT en el Consejo General de MUFACE se reunió el pasado 23 de febrero con Don Gustavo Blanco Fernández, Director General de MUFACE y con Doña Mercedes González Subdirectora de Prestaciones Sanitarias para contrastar algunas informaciones que se vienen publicando y fruto de esta reunión el Director nos trasladó por carta la actual situación en MUFACE y su disposición a proteger a todos los mutualistas, carta que se adjunta a esta circular.
A lo largo de la misma hemos intentado recabar información solvente, seria y rigurosa sobre la situación real de MUFACE y sobre algunas de las incertidumbres citadas que se están divulgando en las últimas semanas. Por otra parte hemos intentado impulsar compromisos para resolver algunas de las cuestiones puntuales que afectan a nuestro colectivo policial, entre ellas un aumento de presupuesto para el próximo ejercicio y que ya se está trabajando en él.
El Director General nos informó tajantemente que no es cierto que MUFACE esté en quiebra y que pueda desaparecer. A modo de ejemplo refirió la carta de felicitación del Colegio Oficial de Farmacéuticos que ha remitido a MUFACE por ser prácticamente el único que, en el ámbito de la Administración, mantiene con regularidad el pago de medicamentos a las farmacias, algo que no tendría sentido en una situación tan catastrófica como se comenta. Por otra parte se nos comentó el esfuerzo que se está desarrollando para asumir los elevados costes de algunos fármacos necesarios para el tratamiento de determinadas enfermedades graves y muy complicadas. Por poner un ejemplo el famoso fármaco necesario para combatir la Hepatitis C, tan demandados en otros colectivos y que se está suministrando a los afectados mutualistas de MUFACE, así como aquellos otros de nueva generación.
Con estos datos el Director General de MUFACE ha expresado lo que, a su juicio, es síntoma inequívoco de que la asistencia sanitaria prestada por MUFACE no busca la rentabilidad económica y que los criterios de búsqueda de la eficiencia derivados de la situación general del país y de las instrucciones de política económica emanadas del Gobierno, no han supuesto que MUFACE bajara el listón de los objetivos esenciales que sobre asistencia sanitaria a los mutualistas tiene la entidad.
A tenor de la información recibida observamos que existe un hecho que planea sobre el sector sanitario y muy en especial sobre el sector hospitalario, y es que la sanidad privada está en periodo de cambio y sometida a un proceso de reordenación.
Se está produciendo una concentración hospitalaria en capitales grandes como Madrid y en este proceso ha irrumpido un fondo de de inversión norteamericano, que ha afectado a los grupos hospitalarios más importantes existentes en nuestro país (como lo es el Grupo Quirón, que se ha desatado la polémica actual).
Se está modificando el modelo de asistencia sanitaria privado tal como lo conocemos y se está pretendiendo
imponer un modelo de coste por tratamiento y no por póliza. Y esto significa que se camina a un sistema en el que el cliente (potencial enfermo) es clasificado mediante el esquema de coste/rentabilidad.
Estos movimientos de fusión empresarial que se están produciendo en el sector sanitario, están siendo objeto de debate en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para verificar si afectan a la normativa vigente en nuestro país. Lo cierto es que el impacto de la reordenación ha producido efectos entre los actores del mercado sanitario privado. Entre otros efectos, uno de ellos, es la creación de un nuevo marco de relación entre entidades aseguradoras médicas y los hospitales con los que estas entidades contratan la prestación de los servicios que figuran en el concierto que las aseguradoras mantienen con MUFACE. Algún nuevo grupo hospitalario derivado de la reordenación citada ha replanteado unas nuevas condiciones con las aseguradoras con una política de precios muy agresiva y de ahí ha surgido la madre del conflicto, ASISA y ADESLAS han recortado sus servicios en el Grupo Quirón, mientras DKV las mantiene, y de este conflicto al final, inteligentemente, las empresas privadas (hospitales por un lado y entidades aseguradoras por otro) han sabido encauzar a través de los más débiles en esta historia, es decir, los enfermos, transmitiéndoles informaciones distorsionadas sobre unas supuestas modificaciones en el Concierto que mantienen con MUFACE, para que sean los mutualistas y sus sindicatos los que presionen para conseguir unas condiciones mejores en las primas que MUFACE abona a cada aseguradora.
Una síntesis de la situación sería la siguiente. el sector privado hospitalario está presionando a las aseguradoras, para conseguir una mayor remuneración de sus servicios, estas a su vez tienen el problema de que han firmado un Concierto (al que han acudido voluntariamente) con MUFACE con unos requisitos determinados en las que deben garantizar la asistencia sanitaria a los beneficiarios de MUFACE en condiciones de calidad que están establecidas en el catalogo de prestaciones que la Mutualidad tiene definidas (como mínimo las mismas que tienen los ciudadanos que tienen su asistencia médica a través del Sistema Público y en algunos casos, con prestaciones superiores). Y de la guerra entre hospitales y entidades aseguradoras aparece la solución para los contendientes, presionar a MUFACE para que eleve las primas que vienen contempladas en cada Concierto, utilizando en esa pelea al más fácil de utilizar, el mutualista y especialmente el mutualista enfermo que se encuentra actualmente en tratamiento, al que se está utilizando (de momento y que sepamos en casos contados). Los afectados en escenario actual de esta guerra hospitales y entidades aseguradoras está compuesto por aproximadamente 500.000 mutualistas
afiliados a ASISA, la misma cantidad aproximada en ADESLAS y algo más de 200.000 en DKW. Son muchos mutualistas a los que utilizar para trasladar la presión de una guerra empresarial ante la Mutualidad de los funcionarios civiles del Estado.
Es en ese sentido apuntado en el que UFP quiere plantear la cuestión sobre la problemática actual de los compañeros afiliados a MUFACE de nuestro colectivo. No vamos a parar en nuestro objetivo de conseguir que el colectivo que representamos tenga una asistencia sanitaria de calidad y con todas las garantías. Así se lo hemos trasladado a la Dirección de la Mutualidad.
Le hemos dicho asimismo que UFP no quiere ser cómplice en ninguna guerra entre los ámbitos privados (entidades aseguradoras y hospitales) porque nuestro único interés es la defensa de nuestros compañeros. Y en esa línea estarán nuestras actuaciones. La UFP no va a entrar en una campaña de salvación de los ámbitos privados sanitarios, porque tenemos claro que es MUFACE quien debe dirimir los problemas de relación que existan entre las partes, lo que le exigimos a MUFACE es que exija a su vez a las entidades con las que concierta, un respeto escrupuloso de las clausulas del concierto entre ellas y MUFACE y que si alguna entidad tiene problemas con algún grupo hospitalario (como viene siendo el caso que ha provocado esta polvareda actual) que lo resuelva dentro del marco de relación entre empresas privadas.
En resumen, MUFACE solo se encarga de garantizar la prestación de una cobertura sanitaria total, “como mínimo” igual que la marcada por el Servicio Nacional de Salud y que se está cumpliendo con más coberturas de las exigidas. Lo que ocurre es que MUFACE no puede exigir que estas prestaciones se presten por uno u otro médico u hospital, y tampoco pueden exigir que las entidades den las mismas coberturas que dan a otros asegurados fuera de MUFACE, como está ocurriendo en algún caso y que pusimos de manifiesto, si bien, reconociendo el Director que son situaciones que pueden ocurrir también es verdad que en esos casos las aseguradoras no le renuevan la póliza al asociado si padecen una enfermedad grave o no les admiten si tienen más de 60 años, es decir, que como es lógico, en esos casos, prima el negocio.
Por otra parte, El Director de MUFACE se comprometió personalmente con UFP a solucionar cualquier problema que a este respecto pudiera tener algún compañero invitándonos a trasladarle personalmente todos los casos de los que tengamos conocimiento y abrir una Comisión Mixta para sancionar a la entidad incumplidora.
Paradójicamente y pese al ruido existente lo cierto es que, de momento, los sindicatos con presencia en el Consejo de MUFACE solo han trasladado 3 casos en toda España (uno desde la FSP-UGT) teniendo en cuenta que el colectivo mutualista de MUFACE lo componen alrededor de 1,5 millones de funcionarios. De momento las reclamaciones habidas como consecuencia de la renovación del Concierto entre MUFACE y las entidades aseguradoras ASISA, ADESLAS y DKV son menos incluso de la media habida en otros años en los que se ha producido la renovación del Concierto. Es por eso por lo que parecería que la polémica existente parece estar fundamentada en otros objetivos que no están relacionados con una supuesta quiebra de MUFACE ni una decisión de la mutualidad de eliminar o rebajar la calidad de la asistencia sanitaria a la que tienen derecho los compañeros.
Otras cuestiones e informaciones añadidas que se nos comentaron durante la reunión que nos parecen de interés anotar aquí son las siguientes. Este año se ha aumentado unos 8 millones de euros el presupuesto de
MUFACE, que unidos a la bajada del IPC dan, en la práctica, un aumento de casi un 2% lo que perciben las entidades medicas y que según MUFACE nada tiene que ver con subidas de IVA marcadas por una Directiva Europea de obligado cumplimiento y que se ha mezclado intencionadamente para desmerecer este dato.
También nos ha explicado porque MUGEJU puede tener otras contrataciones más ventajosas y no es otra cosa que es un colectivo con una siniestrabilidad ínfima a la que nunca podría llegar el total de funcionarios, con colectivos como el nuestro o el de Prisiones que por desgracia están sujetos a mayores riesgos que se valoran en las negociaciones entre Mutualidades y aseguradoras.
La salida de Sanitas, que afecto a 50.000 personas y que --curiosamente-- no supuso una campaña anti MUFACE como la que ahora se está desarrollando, se debió a una decisión meramente empresarial, sobre perspectivas de negocio incumplidas, ya que SANITAS se marcó como objetivo en el primer año llegar a las 100.000 altas y solo consiguió 50.000, lo que no hacia rentable la inversión necesaria para acometer un despliegue en todo el territorio nacional.
Ante estos datos que vienen a contradecir varias de las acusaciones que hemos oído en algunos ámbitos sindicales también quisimos aclarar una duda del colectivo histórica y es que si por un mutualista MUFACE paga a las entidades medicas entre 51,37 € y 89,05 €, cuanto se le abona a la Seguridad Social por asumir estas prestaciones, respondiéndonos que MUFACE no abona nada en ese concepto, ya que es el Estado el que lo negocia directamente con las Comunidades Autónomas que tienen atribuida la gestión del Sistema Sanitario Público correspondiente a cada una de ellas, si bien existen estimaciones aproximadas de que al Estado (no a MUFACE) le cuesta un Mutualista en la sanidad privada unos 800€ y en la pública 1.200€, esto se debe a factores como la magnitud y la mayor infraestructura humana y tecnológica que tiene la Seguridad Social así como la capilaridad de red asistencial en ámbitos rurales y en fronteras, o la inclusión de los procedimientos de formación y cualificación de los profesionales de la sanidad pública que suponen un coste mayor.
Aparte de estas aclaraciones de las controversias actuales, que no se denunciaron en el momento de los recortes, sino que se sacan cuando hay problemas empresariales de ciertas entidades, Aprovechamos la reunión también para plantearle desde UFP al Director el compromiso de impulsar en cuanto se pueda que las prestaciones que se vienen abonando a los mutualistas, como empastes, gafas, prótesis, subsidio de jubilación, etc. y que desde 2.010 se han ido reduciendo en sus cuantías, incluso desapareciendo como la ayuda a la adquisición de vivienda o las becas de estudio, vuelvan a restablecerse y que se pueda volver a incluir a las mujeres de los asegurados durante el embarazo.
El Director manifestó a UFP su compromiso a seguir trabajando en ese objetivo y espera que en próximos presupuestos si se consigue logre un aumento de los mismos se intentará retomar esta cuestiones planteadas, si bien también comentó que la reducción se produjo en su momento como consecuencia de las directrices del Ministerio de Hacienda quien justificó la medida por la bajada del precio de estos productos, ajustándolos al 20% del valor de mercado y que la desaparición de la cobertura a las embarazadas se produce por la prohibición en 2.012 por Real Decreto de que se produzca doble cobertura, la de la Seguridad Social de la madre y la de MUFACE del padre, algo que Hacienda persigue y detecta.
Por último UFP pidió su intervención directa para solucionar la problemática que se produce cada vez que un Policía tiene un accidente en acto de servicio y es asistido de urgencia por la sanidad pública y la entidad médica se niega a abonar la factura, comunicándosela al propio funcionario para que la abone. Lo consideró inaceptable y nos exigió que le traslademos cualquier disfunción en ese sentido que se resolverá inmediatamente en una Comisión Mixta, comprometiéndose a enviarnos una carta informándonos de lo que dice la clausula 5.3.3 que se puso para proteger a este colectivo y que podéis ver en adjunto a esta circular.
EL COMITÉ EJECUTIVO FEDERAL
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